La guarda y custodia compartida se ha consolidado en los últimos años como un régimen preferente en el Derecho de Familia español, especialmente tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la considera el sistema más adecuado para garantizar la plena participación de ambos progenitores en la vida de los hijos. No obstante, no es la opción adecuada en todos los casos, de manera que su adopción no es automática: requiere un análisis detallado del interés superior del menor y de las circunstancias concretas del caso.
En este contexto, tanto el legislador como los tribunales han impulsado la custodia compartida como una respuesta moderna a modelos familiares más igualitarios. Sin embargo, esta tendencia creciente invita a una reflexión necesaria: ¿estamos ante un verdadero compromiso de corresponsabilidad o, en algunos casos, ante una estrategia derivada de intereses económicos para evitar el pago de pensiones? La solicitud de la custodia compartida no siempre revela el mismo grado de implicación real en la vida del menor, y este matiz —a menudo invisible— añade complejidad a su valoración judicial. La corresponsabilidad debe ser un hecho, no únicamente una pretensión formal.
Entre los criterios valorados destacan la capacidad de comunicación entre los progenitores y la compatibilidad de sus horarios laborales, la cercanía geográfica entre domicilios, la estabilidad de la vida del menor y la implicación previa de cada progenitor en las rutinas familiares. También se toma en consideración la voluntad de los hijos, especialmente cuando tienen suficiente madurez y edad.
A pesar de su expansión, la custodia compartida no está exenta de desafíos. Requiere una cooperación continua que no siempre es viable tras una ruptura conflictiva, y puede generar tensiones cuando uno de los progenitores no asume de forma equilibrada las responsabilidades del día a día —citas médicas, actividades escolares o coordinación con docentes—, tareas que no siempre se perciben a simple vista pero que son determinantes en la práctica.
En definitiva, la custodia compartida constituye un instrumento valioso para favorecer la coparentalidad, pero exige un análisis riguroso y una evaluación constante para evitar que se convierta en una fórmula automática desvinculada del interés del menor.